¿Qué es el Mandato SEPA?

El Mandato SEPA es el elemento físico que permite el adeudo directo de forma electrónica y automatizada de los cobros por parte de los beneficiarios de las domiciliaciones, a través de un adeudo o cargo en la cuenta del deudor.

Requisitos para emitir adeudos directos esquema básico (CORE):

  • Emisor y deudor pueden ser personas jurídicas y/o particulares.
  • Todas las entidades que operan en adeudos admitirán la modalidad esquema básico.
  • Previamente a la emisión debe existir una orden/mandato del deudor para domiciliar los pagos.
  • Las órdenes de domiciliación o mandatos existentes seguirán siendo igualmente válidos para emitir adeudos directos bajo el esquema básico.
  • Es obligatorio conservar los mandatos mientras se puedan exigir para justificar la existencia de autorización para un cobro.
  • Se precisa un nuevo formato de fichero: 19-14 SEPA CORE.
  • El código IBAN pasa a ser el código estandarizado de la cuenta del deudor, y el BIC, el de la entidad financiera del deudor.
  • Los débitos se presentarán con una anticipación de 7 días (operaciones primeras o únicas) y 4 días hábiles (operaciones recurrentes).

Formato Mandato SEPA

Mandato SEPA

Plataforma de Domiciliaciones Certificadas

En base a las novedades incorporadas por “Ley SEPA”, Firmaprofesional y la operadora Lleidanet han construido una Plataforma de Domiciliación Certificada (PDC), que plantea un entorno común para empresas, clientes, y bancos, permitiendo realizar los adeudos directos de forma válida adaptando la solución a la normativa y a las necesidades de los entornos productivos.

La Plataforma de Dociciliaciones Certificadas pasa por el uso de la firma electrónica del deudor en los mandatos, lo cual permite autorizar de manera fehaciente y sencilla las domiciliaciones realizadas, dejando como muestra del consentimiento del deudor a la domiciliación y cumpliendo con el formato impuesto por La Ley SEPA. Además resuelve la obligación impuesta al beneficiario de custodiar esta documentación, y que delega en Firmaprofesional como Tercero de Confianza, y con todo, constituye una autorización verificable por todos las partes interesadas legalmente, y que acota las posibilidades de reembolso por operaciones no validadas.

La solución

Diseño de la solución

Beneficios de la PDT

  • Totalmente compatible con la Ley SEPA.
  • Integrable con sistemas internos.
  • Diferentes medios de validación electrónica de mandatos.
  • Permite la construcción dinámica de mandatos válidos.
  • Agiliza y facilita los trámites.
  • Garantía de un Prestador de Servicios de Certificación.
  • Plataforma SaaS.
  • Cumple con LOPD.
  • Mejora de los procesos.
  • Seguridad.
  • Reduce la posibilidad de reembolsos y devoluciones.
  • Permite la migración del sistema tradicional a SEPA.

¿Por qué se necesitan validar las domiciliaciones?

Desde el 24 de marzo de 2013 por la vigencia del real decreto-ley 6/2013, el incumplimiento de lo indicado en la Ley SEPA será sancionado como infracción grave de acuerdo a lo previsto en la ley 26/1988, de 29 de julio (art.51.3 ley 59/2003), indicando sanciones para benificarios de domiciliaciones y a entornos bancarios que podrían ascender a importes de hasta 500.000€.

A continuación se muestran algunas de las obligaciones relativas a la la Ley SEPA para los beneficiarios de los adeudos, y para las entidades bancarias:

  • Ley de obligado cumplimiento para cualquier entidad beneficiaria de domiciliaciones.
  • Las entidades bancarias no podrán procesar domiciliaciones que no cumplan con la nueva normativa desde el 1 de Febrero de 2013.
  • Exige el consentimiento del deudor (domiciliaciones autorizadas).
  • En caso de domiciliaciones autorizadas posibilidad de reembolso a 8 semanas.
  • Domiciliaciones no autorizadas, posibilidad de reembolso a 13 meses.
  • Mantener el mandato mientras exista posibilidad de reclamación.
  • Adecuar los mandatos antiguos modelo 19-14 SEPA CORE.
  • Ley de obigado cumplimiento para operaciones nacionales e internacionales.
  • Modificaciones importantes en las cuantías de los importes de las domiciliaciones deberán conllevar la adeptación de un nuevo mandato por parte del deudor.

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Antiguas operaciones

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¿Qué contenido debe tener un mandato?

El documento de mandato debe contener los datos obligatorios que se exigen para identificar la orden de domiciliación en SEPA, como són: la referencia única del mandato, el nombre y domicilio del deudor, el IBAN, y en su caso el BIC de la cuenta del deudor, el nombre del acreedor, el identificador del acreedor, el tipo de pago, la fecha de firma y la firma o aceptación del deudor, e indicar claramente que se trata de un mandato de adeudo directo SEPA.

Ejemplo de mandato »

Ejemplo de mandato

¿Sirven los mandatos anteriores al 1 de febrero de 2014? ¿Y a partir de esa fecha?

El consentimiento obtenido debidamente en los mandatos anteriores al 1 de febrero de 2014, es decir por escrito, sí sirve, y por lo tanto no es necesario recabar un nuevo mandato. Si no se tiene ese consentimiento, para cargar los recibos deberá recabarse antes de iniciar ningún cobro. Sin embargo, el mandato sí debe migrarse al nuevo formato SEPA, incluyendo la referencia única que consiste en un código alfanumérico de 35 posiciones que permite identificar cada orden de domiciliación o mandato firmado por el deudor, y debe ser única para cada mandato.

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Mandato SEPA

¿Qué es el mandato?

El mandato u orden de domiciliación es el medio por el que el deudor autoriza y consiente al acreedor a:

  • (a) Iniciar los cobros mediante el cargo en la cuenta indicada por el deudor.
  • (b) Autorizar a la entidad del deudor a cargar en su cuenta los adeudos presentados al cobro por la entidad bancaria del acreedor.

El mandato debe estar suscrito por el deudor como titular de la cuenta de cargo o persona en disposición de poder otorgado por éste, antes de iniciar el cobro de los adeudos. El mandato firmado debe quedar almacenado en poder del acreedor mientras esté en vigor, durante el periodo de reembolso, así como durante los plazos que establezca la Ley para la conservación de documentos, una vez cancelado.

¿Qué es la referencia única del mandato?

Es la referencia que asigna el acreedor a cada mandato para identificar los adeudos asociados a un mandato concreto. Permite identificar cada orden de domiciliación o mandato firmado por el deudor y debe ser única para cada mandato. Consiste en un código alfanumérico de 35 posiciones.

¿Qué es la desmaterialización del mandato?

Se entiende por desmaterialización a la traslación de los datos del mandato en papel firmado por el deudor a un formato electrónico.

¿Se debe mantener la referencia única del mandato cuando se migre a SEPA?

Para órdenes de domiciliación existentes para los adeudos domiciliados domésticos anteriores a la migración a SEPA, se deberá mantener la referencia única de la orden de domiciliación codificándola conforme a los requisitos SEPA. Las reglas técnicas para la migración se encuentran definidas en el documento de Migración de adeudos domiciliados españoles.

¿Es necesario recabar nuevos mandatos o adaptar los existentes para emitir adeudos directos SEPA?

Las órdenes de domiciliación vigentes para el cobro de adeudos domiciliados en el sistema tradicional antes del 1 de febrero de 2014 seguirán siendo válidas para emitir adeudos directos SEPA únicamente en el instrumento básico, por lo que no es necesario recabar nuevos consentimientos ni modificar los existentes.

Ahora bien, en el caso español, se han definido una serie de reglas técnicas para la migración de los adeudos asociados a las autorizaciones preexistentes, que pueden consultarse en el Plan de Migración de adeudos españoles.

Para la emisión de adeudos directos SEPA que no se hayan tramitado con anterioridad en el sistema tradicional, será preciso recabar nuevos mandatos basándose en las reglas de los instrumentos de adeudo directo SEPA, ya sea Básico o B2B.

¿Es obligatoria la custodia del mandato? ¿Qué ocurre si no se dispone de órdenes de domiciliación de los recibos?

En cualquiera de los instrumentos de adeudo, ya sea el tradicional o los definidos para la SEPA, para emitir operaciones de adeudo, es necesario que previamente exista una orden firmada por deudor para domiciliar los pagos. Dicha orden será custodiada por el acreedor.

En caso de no existir ese mandato se entenderá que la operación no está autorizada.

Las órdenes de domiciliación válidas para el cobro de adeudos domiciliados en el sistema tradicional antes del 1 de febrero de 2014 seguirán siendo válidas para emitir adeudos directos SEPA únicamente en el instrumento básico. El cliente deudor da su consentimiento tanto al beneficiario, como a su entidad indirectamente a través del beneficiario, por lo que los mandatos, así como toda modificación o cancelación posterior, han de quedar en poder del beneficiario (o de un tercero por cuenta de este) por el tiempo que le pueda ser requerido.

¿Qué formato de mandato se admite en SEPA?

El documento de mandato debe contener los datos obligatorios que se exigen para identificar la orden de domiciliación en SEPA, a saber: la referencia única del mandato, el nombre y domicilio del deudor, el IBAN, y en su caso el BIC, de la cuenta del deudor, el nombre del acreedor, el identificador del acreedor, el tipo de pago, la fecha de firma y la firma del deudor, e indicar claramente que se trata de un mandato de adeudo directo SEPA. El diseño de los mandatos es indiferente.

En España se ha actualizado el folleto 50 de la serie de normas y procedimientos bancarios para diseñar una nueva orden de domiciliación adaptada a los requerimientos de los adeudos directos SEPA, ya sea en la versión básica como en la B2B, que recoge un formato abreviado de mandato con los elementos mínimos necesarios para emitir adeudos directos SEPA en cada una de las modalidades.

¿Tiene caducidad un mandato?

Para los instrumentos de adeudo directo SEPA cuando un acreedor no presenta adeudos con arrreglo a un mandato válido en un período de 36 meses (a contar desde la fecha del último adeudo, independientemente de que este fuera pagado, rechazado, devuelto o reembolsado), el mandato queda extinguido y, por tanto, no podrá iniciar más cobros acogidos a dicho mandato, debiendo crear uno nuevo para cobros futuros.

Si el deudor cambia de cuenta en la misma entidad o en otra entidad diferente ¿Es necesario firmar un nuevo mandato?

No, se trata únicamente de una modificación del mandato existente. El deudor ha de informar del cambio de cuenta a su acreedor, quien en la próxima facturación consignará el nuevo número de cuenta.

¿Está afectado el cuaderno 58 por el Reglamento de la SEPA?

Sí, los anticipos de crédito se consideran adeudos directos según la definición establecida en el Reglamento SEPA, y por tanto requieren ser adaptados a los instrumentos de pago SEPA.

¿Deben estar los mandatos firmados por la entidad financiera del deudor?

No. El mandato es un acuerdo entre acreedor y deudor que no necesita la validación posterior por parte de una entidad.

¿Se pueden emitir mandatos telefónicos?

No, en cualquiera de los instrumentos de adeudo, ya sea el tradicional o los definidos para la SEPA, para emitir operaciones de adeudo es necesario que previamente exista una orden firmada por el deudor para domiciliar los pagos. La normativa en vigor otorga igual validez a la firma manuscrita que a la firma electrónica. La Plataforma de Domiciliaciones Certificadas utiliza un sistema de aceptación de mandatos que se encuadra dentro de la firma avanzada según la ley de firma electrónica, con lo que garantiza la legalidad en los procedimientos SEPA.

¿Qué puede pasar si cargo recibos sin contar con el mandato debidamente acreditado? Sanciones

La Ley de Servicios de pago (Ley 16/2009) en vigor desde el día 4 de diciembre de 2009, ya estableció unos plazos de devolución de cargos en cuenta para estos casos:

  • 8 semanas desde el cargo en cuenta para devoluciones justificadas.
  • 13 meses desde el cargo en cuenta en caso de que no se cuente con el consentimiento (el mandato) adecuadamente. Una vez entre en vigor SEPA, adaptado a éste.

Las sanciones se podrán ser emitidas tanto a los entornos bancarios como a los beneficiarios de las domiciliaciones.

Ámbito sancionador »

Ámbito sancionador

Ley 26/1988, de 29 de julio

Capitulo II

Disposición adicional primera. Medidas de aplicación del Reglamento (UE) N.º 260/2012 del Parlamento europeo y del Consejo de 14 de marzo de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) n.º 924/2009.

Uno. Se habilita al Ministro de Economía y Competitividad a realizar las autorizaciones y exenciones en los supuestos y términos previstos en los apartados 1, 3 y 5 del artículo 16 del Reglamento (UE) N.º 260/2012 del Parlamento europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) n.º 924/2009.

Dos. Se designa al Banco de España autoridad competente responsable de garantizar el cumplimiento del Reglamento (UE) N.º 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de marzo de 2012 por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) n.º 924/2009.

Tres. Se modifica el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago que pasa a tener la siguiente redacción:
«Tendrán la consideración de normas de ordenación y disciplina de los proveedores de servicios de pago a los que se refieren las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 4, las disposiciones contenidas en los títulos I (a excepción del artículo 5) y II de esta ley, las previstas en los artículos 18 y 19 del título III, el artículo 50, las disposiciones del Reglamento (CE) 924/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativo a los pagos transfronterizos en la Comunidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) 2560/2001, las disposiciones contenidas en el Reglamento (UE) N.º 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de marzo de 2012 por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) n.º 924/2009, así como cualesquiera otras leyes y disposiciones de carácter general que contengan preceptos específicamente referidos a los proveedores de servicios de pago y de obligada observancia para los mismos.

Su incumplimiento será sancionado como infracción grave de acuerdo con lo previsto en la Ley 26/1988, de 29 de julio, de disciplina e intervención de entidades de crédito, siempre que las mismas no tengan carácter ocasional o aislado».

Capitulo III - Sanciones

Artículo 8.

Las infracciones a que se refieren los artículos anteriores darán lugar a la imposición de las sanciones previstas en este capítulo.

Artículo 9.

Por la comisión de infracciones muy graves será impuesta a la entidad de crédito infractora, una o más de las siguientes sanciones:

a) Multa por importe de hasta el 1 por ciento de sus recursos propios o hasta 1.000.000 euros si aquel porcentaje fuera inferior a esta cifra.
b) Revocación de la autorización de la entidad. En el caso de sucursales de entidades de crédito autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea, la sanción de revocación de la autorización se entenderá sustituida por la prohibición de que inicie nuevas operaciones en territorio español.
c) Amonestación pública con publicación en el "Boletín Oficial del Estado''.

Artículo 10.

Por la comisión de infracciones graves se impondrá a la entidad de crédito una o más de las siguientes sanciones:
a) Multa por importe de hasta el medio por ciento de sus recursos propios, o hasta 500.000 euros si aquel porcentaje fuera inferior a esta cifra.
b) Amonestación pública con publicación en el "Boletín Oficial del Estado''.

Artículo 11.

Por la comisión de infracciones leves se impondrá a la entidad de crédito una de las siguientes sanciones:
a) Amonestación privada.
b) Multa por importe de hasta 150.000 euros

Artículo 12.

1. Con independencia de la sanción que corresponda imponer a la entidad de crédito infractora por la comisión de infracciones muy graves, podrán imponerse las siguientes sanciones a quienes, ejerciendo cargos de administración, de hecho o de derecho, en la misma, sean responsables de la infracción:
a) Multa a cada uno de ellos por importe no superior a 500.000 euros.
b) Suspensión en el ejercicio del cargo por plazo no superior a tres años.
c) Separación del cargo, con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en la misma entidad de crédito por un plazo máximo de cinco años.
d) Inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero, con separación, en su caso, del cargo de administración o dirección que ocupe el infractor en una entidad de crédito, por plazo no superior a diez años.
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, en el caso de imposición de las sanciones previstas en las letras c) y d) del mismo podrá imponerse simultáneamente la sanción prevista en su letra a).

Artículo 13.

1. Con independencia de la sanción que corresponda imponer a la entidad de crédito infractora por la comisión de infracciones graves, podrán imponerse las siguientes sanciones quienes, ejerciendo cargos de administración, de hecho o de derecho, en la misma, sean responsables de la infracción:
a) Amonestación privada.
b) Amonestación pública.
c) Multa a cada uno de ellos por importe no superior a 250.000 euros.
d) Inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero, con separación, en su caso, del cargo de administración o dirección que ocupe el infractor en una entidad de crédito, por plazo no superior a un año.
2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, en el caso de imposición de la sanción prevista en la letra d) del mismo podrá imponerse simultáneamente la sanción prevista en su letra c).

Artículo 13 bis.

Con independencia de las sanciones que, en su caso, procedan de acuerdo con los anteriores artículos del presente capítulo, las infracciones graves y muy graves cometidas por aquellas personas físicas o jurídicas y cargos de administración o de dirección a que se refiere el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 1 de esta Ley serán objeto de las sanciones de multa e inhabilitación recogidas en los artículos 12 y 13 precedentes, pudiendo imponerse ambas simultáneamente.

Artículo 14.

1. Las sanciones aplicables en cada caso por la comisión de infracciones muy graves, graves o leves se determinarán en base a los siguientes criterios:
a) La naturaleza y entidad de la infracción.
b) La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado.
c) Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infracción.
d) La importancia de la entidad de crédito correspondiente, medida en función del importe total de su balance.
e) Las consecuencias desfavorables de los hechos para el sistema financiero o la economía nacional f) La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propia iniciativa.
g) En el caso de insuficiencia de recursos propios, las dificultades objetivas que puedan haber concurrido para alcanzar o mantener el nivel legalmente exigido.
h) La conducta anterior de la entidad en relación con las normas de ordenación y disciplina que le afecten, atendiendo a las sanciones firmes que le hubieran sido impuestas, durante los últimos cinco años.
2. Para determinar la sanción aplicable entre las previstas en los artículos 12 y 13 de esta Ley, se tomarán en consideración, además, las siguientes circunstancias:
a) El grado de responsabilidad en los hechos que concurra en el interesado.
b) La conducta anterior del interesado, en la misma o en otra Entidad de crédito, en relación con las normas de ordenación y disciplina, tomando en consideración al efecto las sanciones firmes que le hubieran sido impuestas durante los últimos cinco años.
c) El carácter de la representación que el interesado ostente.

Artículo 15.

1. Quien ejerza en la entidad de crédito cargos de administración o dirección será responsable de las infracciones muy graves o graves cuando éstas sean imputables a su conducta dolosa o negligente.
2. No obstante lo señalado en el apartado anterior, serán considerados responsables de las infracciones muy graves o graves cometidas por las entidades de crédito sus administradores o miembros de sus órganos colegiados de administración, salvo en los siguientes casos:
a) Cuando quienes formen parte de órganos colegiados de administración no hubieran asistido por causa justificada a las reuniones correspondientes o hubiesen votado en contra o salvado su voto en relación con las decisiones o acuerdos que hubiesen dado lugar a las infracciones.
b) Cuando dichas infracciones sean exclusivamente imputables a comisiones ejecutivas, consejeros-delegados, directores generales u órganos asimilados, u otras personas con funciones en la entidad.

Artículo 16.

1. Cuando las infracciones tipificadas en los artículos 4, 5 y 6 se refieran a obligaciones de los grupos consolidables de entidades de crédito, se sancionará a la entidad obligada y, si procede, a sus administradores y directivos.
Asimismo, cuando tales infracciones se refieran a las obligaciones de los conglomerados financieros, las medidas sancionadoras previstas en esta Ley se aplicarán a la entidad obligada cuando esta sea una entidad de crédito o una sociedad financiera mixta de cartera, siempre que en este último caso corresponda al Banco de España desempeñar la función de coordinador de la supervisión adicional de dicho conglomerado financiero. Las referidas medidas sancionadoras podrán extenderse, si procede, a los administradores y directivos de la entidad obligada.
2. Si la sanción que correspondiese aplicar fuera la de revocación de la autorización prevista en el apartado b) del artículo 9, y la entidad financiera cabeza del grupo consolidado no tuviera la condición de entidad de crédito, se impondrá a aquélla la sanción de disolución forzosa con apertura del período de liquidación.
3. Cuando, en virtud de lo previsto en los dos números anteriores o en virtud de lo dispuesto en el número segundo de la letra a) del artículo 4 de esta Ley, proceda imponer sanciones a personas físicas o entidades que no ostenten la condición de entidades de crédito, será de aplicación lo establecido, a tal efecto, en esta Ley para las entidades que sí ostenten dicha condición, sin perjuicio de lo previsto en el número anterior.

Artículo 17.

En el caso de que, por el número y clase de las personas afectadas por las sanciones de suspensión o separación, ello resulte estrictamente necesario para asegurar la continuidad en la administración y dirección de la entidad de crédito, el órgano que imponga la sanción podrá disponer el nombramiento, con carácter provisional, de los miembros que se precisen para que el órgano colegiado de administración pueda adoptar acuerdos o de uno o más administradores, señalando sus funciones. Dichas personas ejercerán sus cargos hasta que, por el órgano competente de la entidad de crédito, que deberá convocar de modo inmediato, se provean los correspondientes nombramientos y tomen posesión los designados, en su caso, hasta que transcurra el plazo de suspensión.

Artículo 18.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42 de esta Ley, corresponde al Banco de España la competencia para la instrucción de los expedientes a que se refiere este Título y para la imposición de las sanciones correspondientes. Cuando el Banco de España imponga sanciones por infracciones muy graves dará cuenta razonada de su adopción al Ministro de Economía y Competitividad. El Banco de España remitirá con periodicidad trimestral al Ministerio de Economía y Competitividad la información esencial sobre los procedimientos en tramitación y las resoluciones adoptadas.